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Tribunal Ordena Proteger

Documentos en Caso Posada

El gobierno estadounidense podrá impedir el acceso público a un limitado número de documentos sensibles en el caso del militante anticastrista Luis Posada Carriles, pero tendrá que argumentar la necesidad de mantener protegidas otras posibles pruebas acusatorias, ordenó un tribunal federal en El Paso, Texas.

La jueza Kathleen Cardone decidió el martes conceder en parte la solicitud de protección de documentos que presentó la Fiscalía, pero también aceptó parcialmente la moción interpuesta por la compañía Miami Herald Media y la agencia Associated Press (AP) para tener acceso sin restricciones a la información que pretende mantenerse restringida durante el proceso.

"Finalmente, el tribunal señala que la moción del gobierno está limitada a la revelación de materiales protegidos que se entreguen al acusado durante el proceso previo al juicio y a la información que sea tomada de esos materiales'', concluyó Cardone en un dictamen de 22 páginas.

Posada, de 81 años, encara nueve cargos por fraude migratorio, perjurio y obstrucción de la justicia. El juicio está fijado para comenzar el 1ro. de marzo del 2010 en El Paso.

La decisión judicial permitirá al gobierno mantener sellada las evidencias en dos categorías: las cintas y transcripciones de la entrevista realizada a Posada por la periodista Ann Louise Bardach en 1998, y la información médica concerniente a terceras partes.

Si en lo adelante la fiscalía pretende incluir bajo protección de confidencialidad nuevas pruebas para el caso, tanto la defensa como The Miami Herald, El Nuevo Herald y AP tienen derecho a solicitar que el tribunal escuche sus argumentos para ponerlos en conocimiento público.

En otras palabras, la jueza no aceptó la sombrilla de protección amplia que solicitó la moción del gobierno para sellar todos los materiales del caso, pero le concedió una "protección limitada'' que abre las puertas a nuevas peticiones de acceso a la información.

El miércoles, Dean Boyd, portavoz del Departamento de Justicia, declinó hacer comentarios a El Nuevo Herald.

"Es una decisión muy favorable para la prensa'', dijo el abogado Adolfo E. Jiménez, quien representa a Miami Herald Media. "La orden le quita al gobierno la última palabra para determinar lo que es confidencial o no lo es, y tendrá que justificar sus razones ante el tribunal''.

El dictamen de Cardone también rechazó la petición de la defensa para que el gobierno identificara toda la documentación entregada al tribunal, y dispuso que Posada y los abogados de ambas partes deberán abstenerse de hacer declaraciones públicas que puedan diseminarse en los medios de comunicación con la sustancial probabilidad de fomentar prejuicios durante el proceso judicial.

Arturo Hernández -- principal abogado de la defensa -- lamentó la orden de Cardone, pero consideró importante que no están cerradas las opciones de modificarla de acuerdo a las circunstancias del proceso.

"Estamos en total desacuerdo con el tribunal, pero esto no termina aquí'', dijo Hernández a El Nuevo Herald. "Este es apenas el comienzo de un largo proceso de examen de documentos''.

El dictamen judicial resuelve momentáneamente más de tres meses de controversia legal sobre los materiales que el gobierno solicitó proteger bajo una orden de restricción, alegando que contenían información relevante en asuntos de seguridad nacional y develaban informes facilitados a Estados Unidos.

La petición solicitada por el gobierno el 5 de junio desató desde entonces una avalancha de mociones de la defensa y los representantes de Miami Herald Media y AP, las cuales cuestionaron la legitimidad constitucional de proteger los documentos del caso sin demostrar que la difusión de su contenido sería dañina para terceras partes.

Hernández observó el miércoles que el Departamento de Justicia no presentó en esta oportunidad gran cantidad de documentos para ser evaluados por el tribunal, y se enfocó mayormente en proteger las grabaciones de Bardach.

La entrevista de Bardach es una pieza clave en la acusación, pues supuestamente compromete a Posada con los atentados explosivos en instalaciones turísticas cubanas en 1997.

Entre los documentos de la acusación que la fiscalía considera sensibles estarían además los informes entregados al Buró Federal de Investigaciones por el gobierno de Cuba para reforzar los cargos de perjurio que vinculan a Posada con actos de terrorismo, así como materiales clasificados sobre sus actividades como agente de la Agencia Central de Inteligencia.